México; D.F | Francisco Reséndiz | El Universal .— Lizette Farah vivió una tragedia que destruyó su familia. La muerte de su hija Paulette Gebara la colocó en la mira de la sociedad. A dos años de distancia, esta abogada se ha convertido en una mujer de fiestas donde presume vestidos cortos, que usa ropa interior sobre sus pantalones y que hace viajes a Las Vegas.
En fotografías difundidas en redes sociales se le ve sonriente, rodeada por amigos que la abrazan de cerca, donde posa coqueta, con tragos a su alcance, cigarro en mano, junto a mariachis, en antros, junto a Azalia Ojeda, una de las Ladies de Polanco, quien publica en Facebook todas sus imágenes.
Pero Farah hoy exige al gobierno del Estado de México una indemnización por 531 millones de pesos por “daño moral” para vivir holgadamente los próximos 35 años, debido a la “nefasta” actuación de la Procuraduría General de Justicia mexiquense.
“Han destruido por completo no sólo mi vida privada y familiar, mi honor, mi paz, mi tranquilidad, mi prestigio, mi reputación, sino también la de mi menor hija (...) y han puesto en constante peligro nuestra integridad física”, argumenta Lizette.
Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador mexiquense, fue demandado por Farah, pero el juez sexto Civil de Distrito determinó que no tenía ninguna responsabilidad en el caso.
Sin embargo, sigue vigente la demanda para el ex procurador Alberto Bazbaz Sacal; el ex subprocurador, hoy procurador Alfredo Castillo, y la doctora Sandra Yadeum Angulo.
En fechas previas y posteriores a la presentación de la demanda ante el Distrito Judicial de Toluca, el 7 de septiembre de 2011, se publicaron en redes sociales, difundidas principalmente por Azalia Ojeda, imágenes de Lizette Farah en antros y fiestas privadas, en un viaje internacional donde se muestra su vida social. Incluso, antes del proceso, Farah intentó sin éxito lograr un acuerdo extrajudicial.
La mujer sostiene que debido a la actuación de las autoridades mexiquenses su matrimonio con Mauricio Antonio Gebara Rahal terminó y su familia se desintegró. Exige la indemnización para mantener el mismo nivel de vida.
Así, mientras se le ve sonriente en fiestas, Lizette afirma que está destruida su reputación y exige el pago del daño para poder comprar una casa de dos millones de dólares en Estados Unidos, pagar un menaje por dos millones de dólares y cubrir 140 millones de pesos para escoltas.
Pide 20 millones de pesos para comprar cada cinco años dos automóviles blindados; 24 millones para gas, luz y agua durante 35 años; 17 millones para “adquisición de satisfactores” en tiendas como Liverpool y Palacio de Hierro, cubrir créditos bancarios y la tintorería.
La madre de Paulette pide dinero para pagar en 35 años estacionamientos, propinas, gasolina, servicio de televisión por cable, imprevistos; 16 millones más para pagar a empleadas domésticas; 10 millones para gastos de una casa de fin de semana, y 21 millones para “el súper”.
También exige el pago de 12 millones para “gastos personales” como celular y restaurantes; 21 millones para sicólogos y terapeutas; casi ocho millones para salón de belleza, arreglos personales, doctor, medicinas; 11 millones para sus vacaciones dos veces al año y tres millones para seguro médico.
En su lista exige 10 millones para los estudios de su hija viva; un millón de pesos para sus clases de danza, disfraz de Navidad, zapatos, campamentos, ropa y celular y concluye su lista con 722 mil pesos para los “gastos de mantenimiento” de una mascota.
En la demanda por “daño moral” promovida por la abogada de 35 años —de la que EL UNIVERSAL tiene copia— se hace un extenso recuento del caso, presenta notas periodísticas, así como su difusión en medios de comunicación nacionales y extranjeros y luego afirma: “Los codemandados han destruido por completo no sólo mi vida privada y familiar, mi honor, mi paz, mi tranquilidad, mi prestigio, mi reputación, sino también la de mi menor hija (...) y han puesto en constante peligro nuestra integridad física.
“Por culpa de los codemandados he sido objeto de descrédito, de una alteración profunda y permanente que he sufrido junto con mi menor hija (...) en mi persona, en mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico”.
Dice que con la actuación de los entonces procurador Bazbaz Sacal; el ex subprocurador Castillo, y la doctora Yadeum Angulo —codemandados por Farah— “quedé como criminal” ante la sociedad. Dice que la afectación “es de por vida” y que la reparación del daño “no parte de una simple ficción”.
Agrega que se tiene que ir a vivir a Estados Unidos por razones de seguridad y presenta una lista de lo que, a su parecer, se le debe subsanar a fin de recuperar “el nivel de vida” que llevaba y que incluye desde el pago de una casa de dos millones de dólares y el sueldo para escoltas.
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