México; D.F | Hermann Bellinghausen | La Jornada .— Al cumplirse 16 años de la masacre ocurrida en un campamento de refugiados en Acteal, en los Altos de Chiapas, donde fueron asesinados a sangre fría 45 personas y tres nonatos por paramilitares militantes del PRI, la justicia sigue lejos. Como un “memento” cruel, hoy se encuentran desplazados más de un centenar de indígenas del mismo municipio de Chenalhó, perseguidos por el mismo grupo agresor de 1997 (con la renovación generacional del caso), el cual los expulsó violentamente del ejido Puebla en agosto pasado y les ha impedido regresar, también de manera violenta.
El secretario de Gobernación en ese entonces, Emilio Chuayffet Chemor, quien renunció al cargo a raíz de la matanza, hoy tiene la autoridad suficiente para alzarle la voz a los maestros desde su cargo como titular de Educación Pública. Y la mayor parte de los paramilitares encarcelados entonces han salido libres, gracias a un proceso de corrección jurídica de indudable interés académico –pero ajeno al espíritu de justicia–, el cual se inició en 2009. Nunca se investigó a los autores intelectuales.
A principios de 2013 fue liberado el ex presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, originario del ejido Puebla. Inmediatamente acudió a su comunidad de origen, si bien existía el compromiso gubernamental de no permitir el regreso de los excarcelados. Coincidentemente, el grupo de priístas que encabeza el pastor presbiteriano Agustín Cruz Gómez, correligionario en todos sentidos de Arias Cruz, desató un conflicto, en apariencia relacionado con un predio en uso de los católicos del poblado, en su mayoría miembros de Las Abejas, y algunas familias bases de apoyo del EZLN.
Tras amenazas y agresiones, en agosto el asunto escaló cuando el mencionado pastor y comisariado ejidal divulgó la especie de que los católicos “habían envenenado el agua”. Aunque nunca pudo probarse la versión, creó pánico en Puebla, y encono inmediato contra los presuntos culpables. Capturaron y torturaron a un indígena zapatista, y lo entregaron al ministerio público, junto con otros dos de sus compañeros. Las autoridades los liberaron pronto, no sin antes darles malos tratos en los separos de San Cristóbal de las Casas. Enseguida, los priístas causaron el desplazamiento forzoso de los católicos, en condiciones dramáticas que recordaban los hechos de 1997 en el mismo lugar, en vísperas de la masacre de Acteal en el mismo municipio tzotzil.
Como un guión que se repite, los expulsores ocuparon el terreno, saquearon viviendas, quemaron dos casas, impidieron en turba un intento de retorno de las familias desplazadas. Desafiantes, secuestraron al párroco Manuel Pérez Gómez, quien acompañado de funcionarios gubernamentales trataba de mediar entre las partes. Aunque no han faltado mesas de reconciliación con el gobierno estatal y promesas incumplidas, hoy, como hace tres lustros, los desplazados demandan condiciones para cosechar sus cafetales, con el apoyo de la sociedad civil y, se espera, el compromiso gubernamental de darles garantías.
Desde que comenzaron las liberaciones de paramilitares responsables de la masacre, diversas comunidades de Chenalhó han documentado agresiones, disparos al aire y hostigamientos contra familias no oficialistas.
Después de los hechos violentos de 1997 y sus consecuencias inmediatas, ha sido recurrente el divisionismo en las organizaciones independientes, promovido –según denunciaron– por los programas gubernamentales de los dos recientes mandatarios, ambos del PRD, que buscaron quebrar la resistencia de los pueblos tzotziles del área. La organización de la sociedad civil Las Abejas no fue ajena al fenómeno –que observadores y analistas no dejan de considerar “contrainsurgente”– y ahora existen unas “Abejas” oficiales que no pierden oportunidad de suplantar propagandísticamente a la organización originaria, que sigue en resistencia y es adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona. Esta fue una fase posterior al paramilitarismo abierto. Cabe recordar que de 1997 data la militarización de Chenalhó, en particular en torno al municipio autónomo zapatista de San Pedro Polhó.
Cada mes, los días 22, Las Abejas de Acteal conmemoran a sus muertos y emiten un mensaje demandando justicia, que usualmente incluye posicionamientos políticos de notable consistencia, solidarios con las luchas populares y críticos de las políticas gubernamentales del presente y los anteriores gobiernos federales. En agosto, la organización decía: “sabemos leer las señales de humo”, en referencia a las quemazones en el ejido Puebla. De hecho, llevan más de 16 años leyendo esas señales, que no se han disipado
